La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica y a los otros 24 países que integran el sistema regional de protección hacer valer el derecho a la igualdad ante la ley y proscribir la discriminación por razones de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género. Expertos y representantes de la comunidad LGBTI debaten sobre la aplicación del dictamen en Venezuela
Reporte Proiuris
Anyela Torres
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un dictamen a través del cual ordena a Costa Rica y, en general, a los 25 países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos permitir el matrimonio igualitario, sin discriminación alguna frente a los casamientos heterosexuales, así como a garantizar el derecho al cambio de nombre según la identidad de género autopercibida.
«El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…) es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales», reza la resolución.
Se trata de una opinión consultiva, que corresponde a las facultades de la Corte Interamericana para interpretar las normas consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta oportunidad la solicitud de interpretación fue formulada por el Estado costarricense.
Como quiera que Venezuela denunció la Convención Americana, lo cual implica que la Corte Interamericana no puede juzgar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de septiembre de 2013, surge el debate sobre la obligación del Estado venezolano de acatar lo resuelto este martes 9 de enero por el máximo tribunal hemisférico.
Quiteria Franco, representante de la comunidad LGBTI y coordinadora de la organización no gubernamental Unión Afirmativa, explica que la denuncia de la Convención no significa que Venezuela esté fuera del sistema interamericano de protección de los derechos humanos ni exceptuada de cumplir sus obligaciones internacionales: “Venezuela sigue siendo miembro de este sistema y está obligada a hacer cumplir lo acordado por la Corte Interamericana”.
Por su parte, la diputada Tamara Adrián se mostró más escéptica. “En muchas oportunidades el Gobierno ha dicho que no van a acatar esas órdenes porque ya no pertenece a esta organización. Así que en esta oportunidad también podría alegar lo mismo”, opina.
TSJ paralizó avances para la comunidad LGBTI
Acerca del proyecto de ley de matrimonio igualitario, que fue introducido ante la Asamblea Nacional mientras estuvo controlada por el oficialismo, Franco informó que sigue engavetado. “Todas las discusiones quedaron paralizadas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que determinó que la Asamblea Nacional se encontraba en desacato y, por lo tanto, sus decisiones eran nulas”, señala la activista.
Adrían ofreció más detalles. “Yo redacte un proyecto de ley que incorpora el matrimonio igualitario, la prohibición de mutilación de niños y niñas intersex, y el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Sin embargo, no se ha discutido por el desacato decretado por el TSJ”, indica.
Franco aspira a que la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana impulse las normas que permitan el matrimonio igualitario. Y advirtió que el mismo dictamen indica que no es imprescindible esperar por modificaciones legislativas para hacer valer el derecho a la igualdad ante la ley. “No hay excusa”, concluyó.
