Las manifestaciones que se llevan a cabo este lunes 24 de abril en Venezuela han dejado al menos tres muertos, uno de ellos en Mérida y dos más en Barinitas, estado Barinas, dijeron fuentes oficiales y medios de prensa. Chavistas y opositores se culpan mutuamente de las muertes.
(página web del Estimulo)
El abogado de la ONG Movimiento Vinotinto acompañaba las personas con insuficiencias renales en Lara que denunciaban los maltratos y atropellos sufridos para surtirse de gasolina
Yimily Martínez, hermana de Iván Adrian Martínez Díaz, de 28 años de edad, aseguró que le exigieron el pago de 5.000 dólares. La presunta ejecución fue oficialmente reportada como un enfrentamiento
El reportero Reynaldo Mozo permaneció 40 minutos en el comando de la GNB, en la Aduana Marítima de La Guiara. Intentaba entrevistar a quienes acudían al lugar para ser atendidos en el buque hospital chino Arca de la Paz
El Sindicato Nacional de la Prensa, Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, denunciaron que los tres periodistas están detenidos en una de las sedes del Sebin, ubicada en Maracaibo, incomunicados y sin pasaportes
Espacio Público aseguró que se hostiga a los funcionarios del Estado, sobre todo a quienes exigen mejores condiciones laborales. Por su ocupación, las principales víctimas fueron los reporteros con 73 violaciones de libertad de expresión y prensa
Ha transcurrido un año desde la muerte del joven enfermero de 22 años de edad durante las protestas de 2017 y aunque el dolor forma parte de la vida de su padre, la aflicción no le impide ayudar a quienes lo necesitan.
A pesar de que hay pruebas que demuestran la responsabilidad del sargento Arli Cleiwi Méndez Terán por el asesinato del joven enfermero, el proceso está trabado. La audiencia preliminar se ha diferido cuatro veces.
En junio de 2015 (y con siete años de retraso) el Estado venezolano presentó ante Naciones Unidas el cuarto informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esa oportunidad fue evaluada la situación en el país, se identificaron las violaciones de derechos humanos y las autoridades gubernamentales se comprometieron a aplicar correctivos. Casi tres años después (este 26 de marzo de 2018) el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado no ha cooperado con el escrutinio internacional y, por ello, Venezuela recibió la calificación “D”, la penúltima en una escala de cinco. El próximo 24 de julio de 2018, las autoridades estatales deben presentar el próximo informe. Proiuris recuerda las obligaciones pendientes.
En la presentación del Informe Anual sobre Libertad de Expresión, la CIDH considera que la persecución judicial y la violencia contra comunicadores sociales es el método más usado por el gobierno de Nicolás Maduro para condicionar información de interés público.
Funcionarios de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores borraron parte del material periodístico registrado por el fotógrafo Daniel Hernández.
La organización no gubernamental precisó que en enero de 2017 había 114 detenidos por razones políticas y 368 en febrero de 2018. En el informe Venezuela y presos políticos, se afirma que el uso artificioso del sistema de administración de justicia equivale a “terrorismo de Estado”.
El Estatuto de Roma no precisa plazos para el eventual enjuiciamiento penal de venezolanos por los excesos cometidos durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles.
