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“Emergencia humanitaria no puede estar sujeta a los lapsos de una mesa de diálogo”

Ciudadanos y representantes de la sociedad civil se movilizaron hacia la sede de embajadas en Caracas para exigir medidas humanitarias inmediatas en Venezuela ante la escasez de medicinas.

DAVID MATOS-Proiuris.

72 horas sería el tiempo que tardarían en llegar a Venezuela los medicamentos esenciales que 4.000.000 de personas necesitan de manera inmediata para tratar dolencias crónicas si el gobierno acepta la ayuda de la comunidad internacional. Así lo aseguró, Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, durante la movilización “Muévete por la vida” llevada a cabo en la ciudad de Caracas para exigir acciones de asistencia humanitaria en el país.

“Llegó el momento de que los sectores políticos del país se avoquen a esta situación humanitaria que no puede depender de los lapsos de una mesa de diálogo. La situación humanitaria no se trata solo de la salud, también guarda relación con la alimentación”, afirmó Valencia.

Representantes de organizaciones civiles como Acción Ciudadana Contra el Sida, Provea, Dale Letra, Prepara Familia, el movimiento Las Piloneras, entre otros, partieron desde la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, hacia las embajadas de Alemania, Canadá, Costa Rica, Países Bajos y Perú, donde consignaron un documento en el que exigen la activación de medidas humanitarias para que las autoridades del gobierno venezolano acepten ayuda humanitaria a través de la implementación de mecanismos que permitan afrontar la crisis sanitaria en el país.

Freddy Ceballos, presidente la Federación Farmacéutica de Venezuela, precisó que 90% de los medicamentos de altos costos están escasos en las farmacias. Rechazó la propuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro acerca de una reforma de la Ley de Patentes para producir medicamentos genéricos en el país, pues asegura que la industria farmacéutica está en la capacidad de producir 70% de los medicamentos.

Desde el mes de agosto de 2.016, las empresas del sector no reciben los dólares a tasa oficial con los que pueden importar insumos para la producción de medicinas y en lo que va de 2.017 solo han percibido 6.680.000 dólares a través de las subastas del Dicom, 90% menos de lo percibido el año pasado.

Codevida registró que 300.000 personas hemofílicas, diabéticas e hipertensas están en riesgo de sufrir daños irreversibles en su organismo, luego de no recibir tratamiento desde hace 3 meses. 6 personas trasplantadas presentan rechazo del órgano, 2 de ellas murieron y una menor de edad se encuentra en condición crítica.

“Advertimos que en los próximos días comenzarán a registrarse peticiones de asilo por razones humanitarias en todas las embajadas si no se toman las medidas necesarias ante la escasez de medicamentos”, aseguró Valencia quien calificó de vergonzoso el silencio que el gobierno mantiene ante las denuncias de la sociedad civil.

Exhortó a todos los sectores políticos del país a pronunciarse ante la situación de emergencia humanitaria que padece el país, pues asegura que las emergencias deben estar por encima de cualquier negociación. “No puede ser que el presidente de la Asamblea Nacional afirme durante una declaración que el objetivo principal en la mesa de diálogo sean las elecciones, cuando aquí tienen que llegar medicamentos y alimentos para la gente que se está muriendo”, aseveró.

Katherine Martínez, la directora de la ONG Prepara Familia, lamentó que a 28 años de conmemorarse la Convención Internacional del Niño, Venezuela vulnera las normas establecidas en la referida convención al no suministrar analgésicos, hipertensivos, antibióticos, fórmulas especiales a niños en tratamiento. “Muchas madres tienen el peso de la crisis en sus hombros porque cada día la situación de deficiencia en el país”, aseguró.

Los activistas acudirán al resto de las embajadas del país para solicitar la participación de otros países del mundo, así como un derecho de palabra en la próxima reunión del Grupo de Lima para denunciar la situación ante los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

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