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Informe Amnistía: Allanamientos ilegales en viviendas develan política de represión del gobierno contra la disidencia

Funcionarios de seguridad estatal amenazaron de muerte a ciudadanos, dispararon bombas lacrimógenas al interior de sus viviendas y robaron sus pertenencias.

Prensa Proiuris.

“Llegaron rompiendo todo. Primero, nos tumbaron las rejas, rompieron los vidrios de los carros estacionados y destruyeron las puertas de los ascensores”, así lo aseguró Carmen,  habitante del Conjunto Residencial El Paraíso, mejor conocido como Los Verdes, donde funcionarios de seguridad estatal ingresaron, allanaron y causaron daños a la propiedad privada el 13 de junio. Por razones de seguridad se resguardó el nombre completo de las víctimas mencionadas.

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El allanamiento contra Los Verdes por funcionarios de las fuerzas de seguridad e inteligencia es uno de los procedimientos ilegales que Amnistía Internacional (AI) menciona en su informe «Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela» para alertar sobre el uso desproporcionado de las autoridades y grupos civiles armados para reprimir la disidencia en el país.

47 allanamientos ilegales en 11 estados de Venezuela fueron recopilados por organizaciones locales en protestas antigubernamentales entre los meses abril y julio de 2017, período en el que 120 personas murieron, 2.000 resultaron heridas y 5.020 fueron detenidas.

Estos procedimientos se caracterizan por la falta de una orden judicial, que justifique el allanamiento, y por un comportamiento hostil de los efectivos que amenazaron de muerte y de violencia física, dispararon perdigones y lanzaron bombas lacrimógenas hacia los estacionamientos y el interior de las viviendas.

Della,  quien vive en Los Verdes, confirmó que efectivos del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) derribaron las puertas de acceso al conjunto residencial a las seis de la tarde mientras perseguían a personas que manifestaban en las inmediaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Desde el apartamento escuchábamos disparos de perdigones. Entraron derribando la puerta del salón de fiesta. Rompieron los buzones del correo y los vidrios de las fachadas principales. Como oscurecía, alumbraban a los balcones y disparaban perdigones a quienes se asomara”, recordó.

Amnistía Internacional refiere en su informe acerca de la ilegalidad de estos allanamientos al destacar, con base en la legislación venezolana, que las únicas situaciones en las que están permitidos son para “impedir la perpetración o continuidad de un delito” y “cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión”.

La organización pudo confirmar la participación la policía estadal, el Comando Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en ataques y allanamientos perpetrados en Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Afectados en estas entidades denunciaron que losefectivos ingresaron a sus viviendas sin orden judicial y sin dar explicación alguna que justificara sus acciones. Aseguraron que los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.

“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

El informe describe cómo una vez en el interior de las viviendas, los efectivos preguntaban por el paradero de los jóvenes que protestaban contra el gobierno. Algunos fueron víctimas de emboscadas y detenciones arbitrarias que se practicaron de forma masiva.

“Aun nos estamos recuperando de los daños. Por ahora estamos a merced del hampa porque vivimos sin rejas que garanticen nuestra seguridad y la de los vehículos en los estacionamientos”, aseguró Carmen, vecina de Los Verdes, al lamentar los altos costos que impiden la reparación de algunas áreas en el conjunto residencial.

Amnistía Internacional confirma la violación de cuatro derechos humanos con los allanamientos: el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y el derecho de la persona a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.

“Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas”, dijo Guevara-Rosas.

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