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Conatel abrió dos procedimientos administrativos contra RCR en menos de 24 horas

Las medidas surgen a dos meses de que el órgano regulador ordenara el cierre y cese de transmisiones de las radioemisoras caraqueñas 92.9 FM y Mágica 99.1 FM.

DAVID MATOS – PRENSA PROIURIS.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), principal ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, dio inicio a dos procedimientos administrativos sancionatorios contra Radio racas Radio (RCR) 750 AM, aun cuando la Relatoría  Especial para la Libertad de Expresión ha condenado el cierre de 50 medios audiovisuales en el país y advierte sobre el efecto intimidatorio que estas medidas pueden causar contra los medios independientes que hacen crítica a la gestión gubernamental.

Por instar “a los oyentes a usar armas de guerra y lanzar excremento humano contra los ciudadanos” fue el argumento expuesto por Conatel para afirmar que RCR, a través de su programa “La linterna”, violó las normas establecidas en el artículo 27 de la Ley  de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) que prohíbe la difusión de mensajes que alteren el orden público, fomenten la zozobra en la ciudadanía y constituyan propagan de guerra.

La decisión del órgano rector surge a menos de 24 horas de que la estación radial fuese notificada de un primer procedimiento administrativo sancionatorio el 19 de octubre, cuando Conatel informó que la radioemisora incumple de manera reiterada la norma establecida en el artículo 10 de la Ley Resorteme que obliga a los prestadores de servicio en radio y televisión a divulgar los mensajes y alocuciones oficiales. El órgano hizo énfasis en la difusión de la alocución oficial sobre el lanzamiento del satélite Sucre, el 9 de octubre pasado.

La estación pertenece al Grupo 1BC, conglomerado de empresas de medios de comunicación social al que perteneció 92.9 FM hasta el 25 de agosto, cuando Conatel ordenó el cierre y cese de sus transmisiones junto con la estación caraqueña, Mágica 99.1 FM.

Estos hechos vulneran los principios sobre libertad de expresión y derecho a la información establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional, así como el numeral 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que prohíben el uso de presiones directas o indirectas por parte del Estado para silenciar la labor informativa de los medios de comunicación social.

En septiembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el cierre de 50 medios audiovisuales en Venezuela durante el primer semestre de 2017. Expertos en libertad de expresión como Oswaldo Cali, coordinador de defensa pública de Espacio Público, y Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) percibieron que las órdenes de cierre evidencian un patrón de censura por parte del órgano rector contra los medios de comunicación social que hacen crítica al gobierno de Nicolás Maduro ante la violación de derechos humanos y la profundización de la crisis en el país.

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