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El gobierno de Venezuela practica la sistematización de la censura denuncian expertos

La filtración de una fotografía por redes sociales mostró la celda del Destacamento 421 de la Guardia Nacional en la que permanecieron detenidos tres reporteros por 48 horas.
El reportero Jesús Medina relató las condiciones de hacinamiento que padecen los detenidos en la sede militar.
 

DAVID MATOS – Prensa Proiuris.

La detención arbitraria  por parte de representantes de las fuerzas de seguridad del Estado de tres reporteros que fueron al Centro Penitenciario de Aragua con la intención de hacer un trabajo periodístico, constituye una violación al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información contemplados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este es uno de los casos en los que se ha obstaculizado la labor de los comunicadores quienes han sufrido agresiones, robo de sus equipos, impedimento para acceder a la información hasta detenciones, entre otras irregularidades. Esto, de acuerdo a expertos, constituye un proceso de sistematización de la censura por parte del gobierno de Venezuela.

Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público, considera que existe una política gubernamental sistemática que justifica y normaliza la criminalización del ejercicio periodístico sobre temas como la escasez de alimentos, los problemas del transporte público, la precariedad del sistema penitenciario, hechos de corrupción, entre otros.

Correa cuestionó la detención del reportero multimedia venezolano, Jesús Medina, y los corresponsales Roberto Di Matteo y Filippo Rossi, de nacionalidad suiza e italiana respectivamente, el 6 de octubre en Tocorón, quienes aseguraron que la visita no fue imprevista y que habían hablado con el director del penal también conocido como Tocorón, para entrar y reseñar su situación. No obstante, al llegar, los comunicadores fueron acusados de haber ingresado equipos sin la debida autorización y detenidos durante 48 horas. Las primeras 10 no se tuvo comunicación con ellos.

El director de la ONG explicó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ejecuta una política de hostigamiento con el fin de inhibir el ejercicio periodístico. “68 reporteros de medios nacionales y extranjeros han sido aprehendidos durante el ejercicio pleno de la profesión en 2017”, precisó.

 “Desgraciadamente nos convertimos en la noticia”.  A las diez de la mañana del viernes 6 de octubre de 2017, Medina, Di Matteo y Rossi fueron detenidos por funcionarios de seguridad del penal de Tocorón.

Medina confirmó que el encuentro se coordinó, previo aviso, con el director del penal, quien accedió a recibirlos esa mañana. Los reporteros fueron conducidos al área administrativa del penal, donde se les notificó que serían detenidos por ingresar cámaras y teléfonos celulares.

“El procedimiento me pareció absurdo. En la entrada del penal nos identificamos como trabajadores de la prensa y dijimos que portábamos los equipos para realizar el trabajo. Nunca llegamos a ingresar al área de los presos”, recordó.

Por más de diez horas se desconoció su paradero. No se les permitió hacer las llamadas telefónicas que estipula la ley, lo que viola el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, que establece que toda persona tiene derecho  a comunicarse de manera inmediata con su abogado y sus familiares cuando resulta detenida.

Organizaciones civiles en materia de libertad de expresión, como Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), exigieron información acerca de los detenidos, y pudieron confirmar a las diez de la noche del sábado que los reporteros se encontraban en el Destacamento 421 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adyacente al penal.

Miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del Colegio de Abogados del estado Aragua y funcionarios de la embajada italiana ingresaron a Tocorón para constatar que los detenidos estaban en buena condición de salud, aseguró Medina, quien recibió representación legal del abogado Martín López Ríos de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN). Rossi y Di Mateo contaron con el apoyo legal a través de sus respectivas embajadas.

48 horas en un calabozo. Jesús Medina describió que él y sus otros dos compañeros fueron llevados a un lugar donde había varios calabozos. “Tendrían unos seis metros por seis, donde solo había un colchón y una ventana por la que apenas pasaba luz solar. No había baño”.

Señaló que contaron 58 presos. “De las  5 celdas que había en el lugar en una estábamos solo nosotros tres, pero las otras estaban repletas de gente, en una contamos 18 personas. Varios nos hablaron y nos  contaron que algunos  llevaban detenidos tres años”.

Las noches fueron largas.  “La  noche del viernes, presuntamente por orden del director, nos dieron dos yucas verdes. El sábado, los guardias compartieron su comida con nosotros”. Un representante de la embajada de Italia fue al lugar y pudo llevarles alimentos.

48 horas después de su detención, los reporteros fueron presentados ante un tribunal de control en el Palacio de Justicia del estado Aragua. Elías Martínez, fiscal 14 del Ministerio Público, señaló que no había delito alguno que imputar y se les concedió libertad plena. El proceso no duró más de 10 minutos.

La noche del martes 10 de octubre, Medina confirmó a Proiuris que los corresponsales extranjeros, Roberto Di Matteo y Felippo Rossi, salieron del país.

Una semana después del hecho aún no se les ha devuelto sus equipos de trabajo, lo que impide que Medina cumpla con sus labores.

Periodistas en la mira. Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) alertaron ante la sistematización de una política represiva por del Estado venezolano contra los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación social en el 163° período de sesiones públicas de la CIDH, celebradas en Lima, Perú, entre los días 5, 6 y 7 de julio de 2017.

IPYS Venezuela alertó, durante su ponencia, 161 casos de agresiones físicas y 55 ataques contra las herramientas de trabajo de los reporteros en 90 días de protestas antigubernamentales. Asimismo, precisó la participación directa o indirecta de los cuerpos de seguridad estatal para limitar la cobertura periodística en 110 oportunidades.

La organización denunció la existencia de un patrón que obstaculizar el ejercicio de la prensa extranjera a través de limitaciones migratorias en aeropuertos y detenciones arbitrarias. Entre los casos a destacar en 2017, se puede mencionar la detención de los brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes debieron abandonar el país con destino a la ciudad de Lima, Perú, el 12 de febrero, luego que fuesen detenidos un día antes por funcionarios de inteligencia en el estado Zulia, cuando tomaban fotografía a una estructura inconclusa de la estatal brasileña Odebretch.

En 2016, IPYS Venezuela registró 23 limitaciones a corresponsales extranjeros que pretendían hacer coberturas sobre hechos de interés público en el país. Destacó la prohibición y detención de seis equipos reporteriles de medios extranjeros fueron retenidos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas. Los periodistas visitaron Venezuela, entre el 29 y 31 de agosto de 2016, con el fin de cubrir las movilizaciones convocadas por los sectores oficialista y opositor el jueves 1 de septiembre.

Carlos Correa aseguró que la detención a reporteros extranjeros procura tener un efecto intimidatorio para que no viajen al país. Explicó que estas políticas represoras siempre tienen un efecto divulgativo masivo acerca del tema que se pretende ocultar.

“Debido a la censura impuesta por el gobierno en el papel, la radio y la televisión, los venezolanos acuden a los medios extranjeros para mantenerse informados de lo que ocurre en el país. Se censura a la prensa extranjera para que no denuncie ni haga crítica al gobierno”, dijo.

Desde 2013 seis emisoras extranjeras fueron objeto de sanciones administrativas por parte de Conatel a través de las cuales se suspendió la señal de los servicios de televisión por suscripción. Tal fue el caso de Caracol, RCN, NTN24 y El Tiempo, de Colombia; CNN en Español, de Estados Unidos, y Todo Noticias, de Argentina.

Una realidad que se pretende ocultar. Carlos Nieto Palma, director de la Organización No Gubernamental (ONG), Una ventana a la libertad, considera que la detención pudo ser un pretexto para impedir que los reporteros divulgaran la crisis que atraviesa el penal de Tocorón, como reflejo de la realidad del sistema penitenciario. “10.000 presos para un lugar que debería tener a 700. En Tocorón hay 2.000% de hacinamiento”, aseguró Palma quien calificó a Venezuela como el país con el peor sistema penitenciario del continente.

El activista en derechos humanos precisó que el sistema penitenciario país cuenta con 100.000 personas privadas de libertad. Esta cifra comprende 55.000 detenidos en centros penitenciarios y 45.000 en centros de detención preventiva, espacios donde no se deberían permanecer por más de 48 horas, como los calabozos de las comandancias, celdas de la GNB y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) advirtió el 5 de octubre pasado que enfermedades, como la tuberculosis y el paludismo reaparecieron en las cárceles del país a causa del hacinamiento.

La condición de vida de los presos empeora ante la escasez de comida y medicamentos. Una Ventana a La libertad denunció que ocho presos murieron en 2017 por desnutrición. Entre ellos, el caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años, quien murió por desnutrición severa el 22 de septiembre.

Palma calificó las cárceles venezolanas como “Universidades del delito”, debido a que no existe posibilidad de que los presos puedan regenerarse ante un sistema que no clasifica ni ubica, dentro del penal, a los detenidos por los delitos cometidos.

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