Diez organizaciones de derechos humanos de ocho países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela- presentaron una publicación conjunta que refleja la preocupación por las políticas que fomentan una respuesta estatal violenta a la protesta social. Muestra que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevastendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta a través de reformas normativas y legislativas.
(Pagina web de PROVEA)
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