Sandra Ríos espera poder reencontrarse con el padre de sus tres hijos en Colombia. Anderson González, su esposo, emigró del país en agosto de 2018 en busca de mejores oportunidades para él y su familia
María José Smith, de 23 años de edad, es una joven estudiante de administración hotelera en la universidad Simón Bolívar en La Guaira. Su mamá emigró a Ecuador hace seis meses y, desde entonces, vive sola en un apartamento en la urbanización Urdaneta, en Catia. La comida, el mantenimiento de la casa, el cuidado de dos perras, se convirtieron en sus responsabilidades diarias luego de la partida de su madre
Seis países ponen a prueba a la Corte Penal Internacional. Por primera vez en la historia del tribunal internacional, un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma denuncian a autoridades de otro Estado Parte
Claudia Vargas, profesora de la USB y experta en migraciones, y Lucía Ramírez, abogada miembro de la ONG colombiana Dejusticia, analizaron el fenómeno de la emigración venezolana que se ha dado, sobre todo, en estos últimos años.
El penalista Fernando Fernández advirtió que la coacción a la que habría sido sometido el parlamentario invalida los testimonios a través de los cuales el gobierno pretende vincularlo con el supuesto atentado al presidente Nicolás Maduro.
La organización Wola advierte que las políticas migratorias adoptadas por el gobierno colombiano en febrero de este año han dificultado a los venezolanos regularizar su permanencia en el país al cual se dirigen la mayoría de los que huyen de la crisis humanitaria compleja.
En el festival se presentarán bandas de rock como La Danta, Pez Volador, Stereolux, entre otras. La entrada es libre y se realizará el programa “Música por Medicinas”, en el cual se intercambiarán medicamentos por CDs, viniles, casettes, franelas, gorras y más.
Leonelis Monroy, de tres años de edad, ingresó al centro pediátrico a mediados de abril con un tumor cerebral. Falleció el domingo luego de ser intervenida quirúrgicamente en la Unidad de Neurocirugía. El antibiótico que necesitaba para recuperarse escasea y cuesta 800 millones de bolívares.
La ayuda que brindan organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales no alcanza para cubrir las necesidades de la población. Mientras los ciudadanos emprenden iniciativas para evitar más muertes, el Estado sigue negando que en el país exista una situación de emergencia.
Katherine Martínez, directora de la ONG, advierte que las deficiencias estructurales no han sido resueltas y ponen en peligro la salud de los niños, niñas y adolescentes que acuden al principal centro de salud pediátrica del país.
